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Alarma, indignación y reclamo de justicia, provocan los asesinatos crecientes de periodistas  en nuestro país, silenciados por ejercer su derecho a la libre expresión y por hacer posible nuestro derecho a la información. Una nueva amenaza, menos brutal pero no menos grave, puede significar la aprobación de la Ley General de Archivos, iniciativa que fue presentada por un grupo de senadores de varios partidos encabezados por Cristina Díaz, nuevoleonesa del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación. Esta propuesta, que pretende adecuar la Ley Federal de Archivos (2012-2014) a las distintas leyes y normativas que se han ido dictando a partir del año 2015 cuando surgió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha sido fuertemente criticada y se encuentra hoy en el centro de una polémica en la que debiera haber más participantes. Mucho está en juego. ¿Se trata de un asunto que solo compete a ciudadanos preocupados por la corrupción o por el uso dado a los recursos gubernamentales? ¿De una Ley que solo afecta a burócratas y funcionarios? ¿A los historiadores, académicos  e investigadores? No lo creo.

Los documentos a los que se refiere la Ley de Archivos son aquellos que generan y han generado todos los que reciben y ejercen recursos públicos, pero también los que ya se encuentran en los archivos históricos. Se trata entonces de testimonios que dan cuenta de nuestro pasado y nos permiten reconstruirlo, analizarlo e interpretarlo, pero también de testimonios que harán posible que en el futuro las próximas generaciones elaboren las historias de nuestro tiempo. Es cierto que la Historia o, mejor, la historiografía, ha caído en un descrédito que la ha llevado a convertirse en la hermana menor de otras ciencias sociales aparentemente mejor dotadas para entender el mundo en que vivimos. Es cierto también que el peso y la objetividad del o los documentos han sido puestos entredicho, pero sin ellos no hay duda es imposible el ejercicio de nuestra disciplina.  ¿Por qué entonces cuestionar la Ley de Archivos que se propone?

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Archivo General de la Nación en la ex cárcel de Lecumberri.  Fuente: iekuro.wordpress.com

 

Primero y sobre todo porque una contradicción fundamental persiste: es muy difícil si no imposible, conciliar el derecho a la información con el derecho a la privacidad, que pretendidamente se busca garantizar mediante la protección de datos personales. Sobre la base de este precepto han ocurrido situaciones tan aberrantes como entregar a los investigadores en el Archivo General de la Nación (AGN) documentos “testados”, es decir, con manchas negras que ocultan los datos personales que allí aparecen como nombres propios, direcciones, números de teléfono, filiación religiosa o política e incluso rostros en fotografías, solo para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, sin importar que al alterar o dañar un bien patrimonial documental se viole la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, históricos y artísticos, que los protege.

Desde luego, esto es lo que siempre ha ocurrido en la Galería 1 del AGN a donde fueron llevados en tiempos de Vicente Fox, los registros de espionaje, intervención y represión gubernamentales, correspondientes al periodo comprendido entre 1946 y 1985. Aquí, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que en palabras de Aurora Gómez Galvarriato, ex directora del Archivo, llegó con los documentos, controla desde entonces el acceso a la Galería.  Bajo las nuevas circunstancias legales, a partir del 2015, el CISEN puso en reserva como fondos confidenciales documentos correspondientes a la llamada Guerra Sucia, que ya se encontraban abiertos. Por ellos se supo, por ejemplo, que algunos militantes que fueron declarados muertos en combate, estuvieron presos en el Campo Militar No.1, como consta en las fichas de detención elaboradas por la Dirección Federal de Seguridad. Cancelado el acceso directo a los documentos, la consulta debe solicitarse ahora a través del  INAI.

La existencia de fondos o documentos  declarados confidenciales o reservados, existe en la Ley de Archivos que se encuentra vigente desde el año 2014. La oposición que desde entonces manifestaron los investigadores y archivistas, renovada con la propuesta de la nueva Ley, ha culminado con un pequeño avance: la iniciativa recién presentada recoge en parte el reclamo del gremio y en su artículo 36 señala que:  “ los documentos contenidos en los archivos históricos son públicos y de interés general” y que “… no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales”. Sin embargo, es necesario que la redacción de ese mismo artículo sea revisada con cuidado y que de manera explícita los archivos históricos sean designados como “fuente de acceso público”, para usar una expresión correspondiente con la Ley General de Protección de Datos Personales.  Quizá de esta forma el acceso condicionado y limitado que se está presentando en algunos fondos archivísticos, en los de notarías, por ejemplo, pudiera franquearse. ¿Cómo sin recurrir a los datos personales podrían estudiarse, por ejemplo, la constitución de empresas e industrias, comercios y sociedades anónimas, los partidos políticos y credos e iglesias, las grandes y pequeñas fortunas y patrimonios?

La iniciativa de Ley General de Archivos seguirá siendo debatida y combatida. Sus ambigüedades, contradicciones, riesgos y trampas son numerosas y en línea pueden consultarse los señalamientos más importantes; también puede leerse y firmarse la petición al Senado que el gremio de investigadores para modificar sus contenidos más peligrosos. El interés despertado y la importancia que sin duda tiene el debate, se relaciona con lo que Gilda Waldman llama la “explosión de la memoria” y Andreas Huyssen la “obsesión memorialista” (1).[1] Su manifestaciones se encuentran por doquier: las modas retro; el gusto por las genealogías, la biografía, el cine y las novelas históricas; también,  la reinvención de tradiciones, la búsqueda de fechas conmemorativas y placas recordatorias, la recuperación de memorias y museos regionales, la defensa del patrimonio y claro, la multiplicación de archivos. Se sabe que la memoria del poder y desde el poder es distinta a otras memorias que se van construyendo y reconstruyendo desde realidades socioeconómicas y culturales diversas.  Hoy se reconoce que no existe una memoria colectiva capaz de aglutinar los recuerdos del conjunto de la sociedad; también, que no existe una sola Historia verdadera por bien documentada que esté. Sin embargo, en los “combates por la historia” y en las “batallas por la memoria” en los que se juega  la posibilidad de estructurar y fundamentar relatos del pasado que le otorguen sentido a nuestro presente y nuestro futuro, la fuerza de los documentos históricos pudieran ser el fiel de la balanza.

[1] Gilda Waldman: La “cultura de la memoria”: problemas y reflexiones, en Política y cultura, no. 26,  ene. 2006.

3 de abril de 2017

Por si desean mayor información, van estas ligas:

Sobre la iniciativa de la Ley General de Archivos.

La exigencia de revisión presentada por  los investigadores ante el Senado.

Dos videos: Seminario Internacional: El acceso a los archivos confidenciales históricos. Mesa 3Mesa 4 

Opiniones del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.

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3 comentarios en “El secuestro de la memoria / por Lydia Espinosa Morales

  1. Felicitaciones a Lidia por su articulo. La iniciativa ha sido cuestionada por académicos y archivistas. Ahora está congelada. Ojalá que se mejore incorporando los cuestionamientos. Es una discusión que nos compete a todos. Saludos. César Morado.

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