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En mi editorial con fecha 25 de abril de 2016 “El arma que mató Alexis. Los feminicidios en un país cada vez más] armado”, analizaba las circunstancias en las cuáles la joven Alexis fallecía ejecutada por su novio por medio de un arma de fuego. Puse en la mesa el tema de la portación de armas en México, y me pregunté de dónde procedía el arma que mató a Alexis. Tristemente, esta pregunta no ha perdido vigencia, este jueves ocurrió la tragedia del Colegio Americano del Noreste en el que un adolescente de 15 años atacó con un arma de fuego a una maestra y a tres compañeros, antes de quitarse la vida.

Los adolescentes de 15 años de edad nacieron en el año 2002. Entonces el presidente de la república era Vicente Fox, quien afianzó la militarización como política de seguridad pública en materia de combate al narcotráfico, a fin de capturar capos. De acuerdo con Jorge Chabat “el descabezamiento de las organizaciones criminales rompió el equilibrio en el mundo del narcotráfico, lo cual provocó una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo por el control de la plaza de Nuevo Laredo. Ello empujó al gobierno de Fox a instrumentar, en junio de 2005, el operativo policiaco-militar México Seguro, luego de que el jefe de la Policía de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello, fuera asesinado a sólo siete horas de haber tomado posesión del cargo. A pesar de este operativo, la ola de violencia continuó en Nuevo Laredo y se reprodujo en otros estados del país como Guerrero y Michoacán. El programa fue rebautizado en marzo de 2006 como Proyecto Frontera Norte, pero de todos modos la violencia continuó durante ese año, lo cual provocó serias fricciones con Estados Unidos”.[1]

Pese a los malos resultados de esta política, el siguiente presidente de la república, Felipe Calderón, apostó por combatir el narcotráfico de un mismo modo. Entonces, desde finales del año 2006 se llevaron a cabo operativos conjuntos en Michoacán, Sinaloa, Ciudad Juárez, la frontera noreste, que supusieron el despliegue de efectivos del Ejército, de la Marina Armada de México y de policías federales, al mismo tiempo que la dirección de las policías municipales fueron asumidas de manera cada vez más frecuente por militares. En el Noreste, la concomitante paramilitarización de los grupos delictivos, originalmente dedicados al tráfico de droga, la coacción que ejercieron sobre las policías municipales, y la inestabilidad de las alianzas entre estos grupos, contribuyó a que la región se volviera el escenario de una cruenta guerra, especialmente entre 2010 y 2012, cuando los actores armados, legales e ilegales, se enfrentaron de forma abierta. Las calles y los pueblos del noreste se volvieron el escenario de enfrentamientos armados, y nuestras vidas fueron trastocadas de manera severa ante el despliegue de tanta violencia armada.

Las niñas y los niños quienes crecieron en esta época fueron expuestos de manera continua a la violencia armada, sea por las conversaciones que sostenían los adultos, por los anuncios de arrestos y decomisos en el radio y en la televisión, o por las terribles imágenes que circulaban por las redes sociales y en los noticiaros. En los patios de las escuelas, como en sus casas, jugaban a los narcos contra soldados. Jugaban a la guerra, aquella guerra que ocurría ante sus ojos. También hubo niñas y niños quienes sufrieron la pérdida de un familiar, la ejecución de su padre, o la desaparición de un ser querido. Crímenes que, muchas veces, quedaron impunes, y por lo tanto inexplicados e inexplicables.

Recuerdo que cerca del Colegio Americano del Noreste, a la altura del Boulevard Acapulco, fue ejecutado a manos de militares un joven, a bordo de su camioneta. Su padre, indignado por la injusticia cometida en contra de su hijo, luchó por obtener justicia. Porque lo que nos trajo la militarización de la seguridad pública, fue el permiso de matar. En lugar de investigar y apresar personas sospechosas de realizar actividades delictivas, para su procesamiento judicial, se prefirió enfrentar militarmente a los delincuentes. Y muchos resultaron ejecutados, sin haber sido procesados, como se requiere en un país democrático que reconoce la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

¿Quién, entonces, se preocupó por las consecuencias de esta política de seguridad pública en las niñas, los niños y adolescentes? ¿Qué aprendieron las niñas y los niños quienes crecieron en esta época? Que los problemas graves no se resuelven analizando las responsabilidades de unos y otros, como se hace en un juicio, sino que se solucionan por medio de la fuerza. Usando armas. Y a raíz de esta opción de política pública, la circulación de armas aumentó de manera considerable en el país, de tal manera que hoy en día es más fácil conseguir un arma.

Para enfrentar el problema del uso de armas entre los adolescentes, no se trata entonces de emprender una operación mochila, para revisar las pertenencias de los adolescentes que ingresan a las escuelas. Es preciso analizar la raíz del problema y revisar la política de seguridad pública. Parte del problema estriba en el abandono de la vía judicial en la lucha contra los delitos, a favor de una política de mano dura.

Las niñas, los niños y adolescentes requieren ser escuchados y amparados, mas no expuestos a la violencia armada. Y la ciudadanía en su conjunto también. Ante los intentos actuales de perpetuar este modelo de seguridad pública, hemos de manifestar nuestro rechazo, así como lo hacemos en contra del aumento de los impuestos. Una mayor presencia de militares en las calles y al frente de las corporaciones policiacas no es la respuesta, sino que es parte del problema.

Por Séverine Durin
Enero 23 de enero de 2017


[1] Chabat, Jorge, 2010, “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor”, en Arturo Alvarado y Mónica Toussaint (Coords.), Seguridad Nacional y Seguridad Interior, Grandes Problemas Nacional XV, El Colegio de México, México, pp. 20-39.

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