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En un texto intitulado “Sobre el gobierno privado indirecto”, publicado en 1999 en la Revista Politique Africaine, el politólogo africano Achille Mbembé analiza el desarrollo del Estado en el continente africano durante la segunda mitad del siglo XX. Concluye que en este lapso el Estado dejó de ser un “bien público”.

Pero ¿es el Estado un bien público? La brutalidad con que se han implementado las reformas estructurales y la política de shock económico en México (el ‘gasolinazo’, la reforma fiscal, la devaluación del peso frente al dólar), el empobrecimiento de vastos sectores poblacionales aunados a los exorbitantes niveles de corrupción de los funcionarios públicos y sus descarados y siempre impunes atracos al erario público hacen pensar en el Estado como un terrible lastre del desarrollo y no como un bien público. Por lo mismo, muchas personas exigen el achicamiento de la cámara de diputados (eliminando las diputaciones plurinominales y reduciendo el número de mandatos directos), otras se han convertido en promotoras de las llamadas candidaturas ‘independientes’ que pretenden ser alternativas a los partidos políticos que son identificados como parte del problema. Un tercer grupo no quiere ni ocuparse de los asuntos políticos al identificar la conducta de políticos y gobernantes como amoral, depravada y corrompida. En suma, pocas personas consideran que el Estado vela sobre sus necesidades e intereses y que debería ser defendido.

Mbembé desarrolló su tesis del Estado como bien público a partir de la figura del impuesto. La tributación hace posible al Estado, ya que genera un fundamento económico para sus actividades. Ciertamente, el impuesto expresa siempre una relación de coerción (los contribuyentes omisos pueden quedar en la cárcel) y ratifica así la subordinación de cada individuo frente al Estado, sin embargo, el Estado democrático ofrece algo a cambio: la creación de infraestructura común, programas sociales, económicos y culturales, orden y seguridad (monopolio de poder). El pago de impuestos y la prestación de servicios públicos constituyen un vínculo recíproco. Esta reciprocidad distingue el impuesto público del cobro de pisos en regiones controladas por el crimen organizado, o del impuesto de guerra en territorios ocupados por ejércitos extranjeros.

La globalización neoliberal ha llevado a la cancelación de esta correspondencia entre el Estado y los contribuyentes. El Estado neoliberal ya no vela por los intereses del conjunto, ni siquiera por los de todas las fracciones del capital. Tiene un compromiso sólo con los más poderosos. De hecho, la función del Estado neoliberal consiste en: (1) extraer riqueza de la población vía nuevos y crecientes impuestos y tarifas a los servicios, que es transferida a las arcas de empresas transnacionales principalmente en calidad de subsidios, subvenciones, exención de impuesto, construcción de infraestructura y absorción de ciertos gastos operativos; (2) abrir a la valorización del capital actividades anteriormente restringidas (educación, salud, energía, agua, seguridad); y (3) garantizar el status quo político y generar los fundamentos legales que garantizan las inversiones, el acceso a los recursos públicos y naturales y que aseguran legalmente las ganancias proyectadas por varias décadas. Cuanto más avanza la transformación neoliberal, más unidireccional resulta el flujo de recursos de parte de los contribuyentes al Estado.

El desmontaje del Estado resulta de la aplicación de los principios neoliberales por parte del mismo. El Estado neoliberal se destruye a si mismo. El medio principal es la privatización de sus antaño funciones sustanciales: la producción y el suministro de energía, la distribución del agua y la administración de las aduanas. Al transferirlas a empresas privadas, el Estado pierde una importante fuente de autofinanciamiento. Las presiones financieras correspondientes se suelen resolver: (1) entregando nuevas áreas a la actividad privada (educación, salud e incluso seguridad) y (2) endeudando a las entidades públicas con la banca comercial, echando mano de fondos de pensiones y/o bursatilizando fuentes de ingreso relativamente estables. De esta forma el Estado se convierte paulatinamente en rehén del capital financiero y de las empresas transnacionales. Su poder sobre el sector privado se pulveriza y se convierte en lacayo de los capitales más poderosos.

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En México, el avance de este modelo ha sido facilitado por varias circunstancias: (1) la necesidad permanente de las élites políticas y económicas de distinguirse de las clases subordinadas y su identificación con los intereses de los países poderosos (principalmente Estados Unidos y Europa). La integración de algunos miembros de las élites mexicanas en instituciones supranacionales y consejos directivos de empresas transnacionales ha fortalecido simbólicamente esta identidad con la élite global. Por lo anterior, los sectores dominantes mexicanos no guardan compromiso alguno con el desarrollo del país y las necesidades de su población. (2) La tradicional y aún creciente corrupción de los funcionarios públicos, sus negocios privados con dineros públicos y sus alianzas abiertas o encubiertas con el crimen organizado han sido puntualmente registrados en el extranjero (en particular por el FBI, la embajada norteamericana y agencias de espionaje) y han carcomido cualquier posibilidad de resistencia ante las exigencias de poderes extranjeros. (3) La delegación de gran parte de las actividades gubernamentales a agencias privadas que se hacen cargo del diseño y la ejecución de políticas públicas no solo ha fortalecido la influencia de intereses particulares en las decisiones del Estado sino ha aplanado también el trabajo público y facilitado la desprofesionalización de la actividad pública. Este último proceso significa la pérdida de capacidad racional en el Estado y vigoriza su dependencia de instancias privadas.

En suma, el Estado neoliberal no sólo se está convirtiendo en botín de empresas sino también en instrumento dócil de nuevas formas de acumulación primitiva. Se ha convertido en gobierno privado. Esta situación no se resuelve a través de candidaturas ‘independientes’ si los ciudadanos postulados siguen la misma lógica neoliberal al arribar a los puestos de representación pública. Recuperar al Estado como bien público es posible si la ciudadanía se repolitiza y se organiza; si defiende sus necesidades colectivas; si pondera el bien común por encima del bien privado y otorga prioridad a los intereses vitales de la mayoría de los mexicanos; si no ignora las traiciones de muchos partidos políticos y otorga su voto únicamente a aquellos políticos y agrupaciones políticas que se han negado a aprobar las reformas neoliberales. Si no se aprende de las dolorosas experiencias del presente y pasado, México alcanzará con prontitud los niveles de violencia y anomia que hunden al continente africano en la guerra, la destrucción y la miseria, ya que allí el Estado ha dejado de ser un “bien público”.

Por Veronika Sieglin
9 de enero de 2017

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